La SCJN obliga juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces y tribunales del país están obligados a utilizar la perspectiva de género y la interseccionalidad al investigar y juzgar casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. Este criterio establece que dicho enfoque no constituye una opción discrecional para los juzgadores, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en procesos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad.

La resolución busca eliminar las barreras institucionales que históricamente han dificultado el esclarecimiento de estos hechos. Al reconocer la interseccionalidad, la Corte subraya que las autoridades deben considerar cómo factores como el género, el activismo social y el entorno geográfico se entrelazan para agravar el riesgo que enfrentan las mujeres defensoras en diversas regiones del territorio nacional. Este cambio de paradigma exige que las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales superen los protocolos estándar, profundizando en las motivaciones políticas y sociales detrás de cada desaparición.

El fallo responde a la necesidad de fortalecer la protección de quienes ejercen la defensa de derechos civiles, ambientales o de género en México. Los ministros enfatizaron que omitir el análisis de género en estos expedientes perpetúa la impunidad y revictimiza a las familias de las personas desaparecidas. La obligatoriedad de esta perspectiva implica que cualquier sentencia o resolución judicial que no integre estos criterios podrá ser sujeta a revisión bajo estándares más rigurosos de protección a los derechos humanos.

Esta decisión judicial impacta directamente en la forma en que los tribunales federales y estatales deberán integrar sus expedientes a partir de ahora. La Suprema Corte aclaró que la perspectiva de género debe aplicarse desde la etapa inicial de las indagatorias, permitiendo una valoración probatoria que contemple el contexto de riesgo particular de la víctima. Con este mandato, el máximo tribunal busca transitar hacia un modelo de justicia proactivo que reconozca la labor de las mujeres en la defensa de causas sociales como un elemento central en la persecución de delitos de desaparición.