Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en Sinaloa

Representantes del sector minero en México han solicitado formalmente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en las zonas extractivas del estado de Sinaloa. Esta petición surge tras el incremento en los reportes de desapariciones y agresiones contra trabajadores de la industria, quienes laboran en entornos de alto riesgo ante la presencia de grupos delictivos en la entidad.

El gremio minero ha manifestado su preocupación por que las víctimas de estos hechos se conviertan únicamente en una estadística sin resolución judicial. La exigencia central se enfoca en que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) coordinen operativos permanentes que permitan garantizar la integridad física de los empleados en las minas, así como el libre tránsito en las rutas de acceso a los yacimientos.

Dentro de las propuestas presentadas por el sector, se destaca la creación de mesas de trabajo permanentes con autoridades federales y estatales para monitorear las condiciones de seguridad en las zonas operativas. Según voceros de las empresas mineras, la estabilidad del sector depende de que el Estado mexicano asuma un rol activo en la protección de los trabajadores frente a la inseguridad que prevalece en diversas regiones del país.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno federal ha señalado que se analiza la viabilidad de reforzar la presencia de la Guardia Nacional en los estados con mayores índices de violencia minera. Las empresas del sector han enfatizado que la justicia para los desaparecidos es un requisito fundamental para recuperar la confianza operativa y asegurar que las familias de los trabajadores cuenten con la certeza jurídica que hasta ahora ha sido insuficiente.

La industria minera sostiene que, sin garantías de seguridad, el desarrollo económico y la continuidad de las operaciones se ven seriamente comprometidos en Sinaloa. Los representantes empresariales esperan que la respuesta de la Secretaría de Gobernación sea pronta, para evitar que la situación se agrave y continúe afectando el tejido social de las comunidades mineras.