Semarnat niega permiso para proyecto de playa en Puerto Morelos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó formalmente la negativa a un proyecto privado que pretendía realizar trabajos de recuperación en 760 metros de playa en Puerto Morelos, Quintana Roo. La autoridad ambiental determinó que el plan presentado no garantiza la protección de los ecosistemas costeros, citando riesgos significativos a la biodiversidad local y la realización de obras anticipadas sin autorización previa.

El dictamen técnico de la dependencia subraya que el proyecto no cumplió con las medidas de mitigación necesarias para prevenir la erosión y la alteración de las corrientes marinas en la zona. Según las observaciones de Semarnat, la intervención en el litoral hubiera comprometido la estabilidad de las dunas y los arrecifes aledaños, elementos críticos para la contención natural ante fenómenos hidrometeorológicos.

Uno de los puntos clave en la negativa de la autoridad fue la detección de trabajos de preparación en el sitio previos a la obtención de los permisos federales. Este incumplimiento normativo fue determinante para que la instancia ambiental desechara la solicitud, priorizando la vigilancia del cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Organizaciones civiles y vecinos de la zona han manifestado en los últimos meses su preocupación por el impacto del desarrollo inmobiliario en las playas públicas del municipio. La decisión de la secretaría refuerza el marco de vigilancia federal sobre la concesión de zonas federales marítimo-terrestres en el Caribe mexicano, donde la presión por el desarrollo turístico suele entrar en conflicto con la conservación de los recursos naturales.

Hasta el momento, los promoventes del proyecto no han emitido una postura oficial sobre si presentarán una nueva solicitud o si buscarán impugnar la resolución administrativa. Por su parte, las autoridades ambientales mantienen la vigilancia en el área de Puerto Morelos para asegurar que no se realicen actividades de remoción de arena o construcción sin los estudios de impacto ambiental correspondientes.