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PAN en Ciudad de México fija postura frente a la ley trasciende

El dirigente panista Andrés Atayde respaldó la voluntad anticipada, pero manifestó la postura institucional del partido contra la eutanasia activa y el suicidio asistido.

Redacción Interlínea
Foto: excelsior.com.mx

Andrés Atayde, dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, fijó este martes la postura oficial de su instituto político respecto a la recién presentada iniciativa denominada Ley Trasciende. Durante el posicionamiento, el líder panista aclaró que, si bien su partido mantiene una apertura hacia el respeto de la voluntad anticipada de los pacientes, existe una oposición clara y definida hacia la eutanasia activa directa y el suicidio asistido en la capital del país.

La postura del PAN en la Ciudad de México se fundamenta en la defensa de la vida como un valor central en su doctrina política. Atayde subrayó que el partido continuará analizando las propuestas legislativas bajo el principio de proteger la dignidad humana, permitiendo que los ciudadanos decidan sobre los tratamientos médicos que deseen recibir o rechazar al final de su vida, pero diferenciando estos procesos de cualquier práctica que busque terminarla de manera deliberada.

El dirigente enfatizó que la iniciativa presentada en el Congreso capitalino requiere de un debate amplio y multidisciplinario que incluya a expertos en bioética, personal médico y representantes de la sociedad civil. Según el posicionamiento del partido, cualquier modificación al marco jurídico local debe garantizar que la atención médica sea digna y que los cuidados paliativos se fortalezcan como la alternativa principal ante enfermedades terminales.

Finalmente, el equipo de comunicación del PAN en la Ciudad de México reiteró que mantendrán una postura vigilante durante el proceso de dictaminación de la Ley Trasciende. El objetivo es asegurar que la legislación no contravenga los principios éticos que sostienen, enfocándose en evitar que se normalicen prácticas que, a juicio del partido, vulneran el derecho fundamental a la vida frente a las presiones sociales o económicas que pudieran enfrentar los pacientes.

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