FGR descarta órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán y López Beltrán

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó este jueves que la institución no ha emitido órdenes de aprehensión en contra de Amílcar Olán, empresario señalado en diversas investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades en contratos públicos. Durante una breve atención a medios de comunicación en la Ciudad de México, la fiscal general respondió de manera directa a los cuestionamientos sobre el estatus jurídico de Olán, asegurando que no existe ningún procedimiento o mandamiento judicial en su contra hasta la fecha.

Al ser consultada específicamente sobre si las investigaciones de la FGR alcanzaban a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria desestimó cualquier acción legal activa. Ante la pregunta expresa de si existía alguna orden o carpeta de investigación que derivara en una captura contra el también empresario, Godoy se limitó a responder que tampoco hay elementos procesales en ese sentido, cerrando así la posibilidad de una actuación ministerial inmediata contra su persona.

Estas declaraciones surgen en un contexto de escrutinio público sobre posibles conflictos de interés en licitaciones gubernamentales otorgadas durante la administración anterior. Diversas organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición han solicitado de manera reiterada que la FGR profundice en las indagatorias para esclarecer el origen y la legalidad de los contratos vinculados a los personajes mencionados en las denuncias presentadas ante la dependencia.

Por su parte, la Fiscalía ha enfatizado que cualquier avance en las investigaciones debe apegarse estrictamente al debido proceso y a la presunción de inocencia. La institución ministerial subrayó que el actuar de la dependencia se rige por las pruebas presentadas ante los jueces y no por especulaciones mediáticas, manteniendo el compromiso de informar sobre los avances de las carpetas de investigación únicamente cuando existan elementos sólidos para judicializar los casos ante los tribunales federales.

Hasta el momento, no se han presentado nuevos requerimientos ante el Poder Judicial de la Federación que modifiquen la situación jurídica de los señalados. La postura oficial de la FGR reafirma la falta de acciones judiciales concretas al día de hoy, dejando los expedientes en una fase de revisión o, en su caso, sin elementos suficientes para proceder con medidas cautelares ante un juez de control.