Cuestionan uso de vuelos privados por parte de la gobernadora Mara Lezama
El uso de aeronaves privadas por parte de la gobernadora de Quintana Roo ha generado inquietud sobre la posible relación con proveedores del gobierno estatal.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta señalamientos respecto al uso de vuelos privados para traslados oficiales y personales. Diversas voces en el ámbito político y civil han cuestionado la procedencia de los recursos utilizados para financiar estos servicios, particularmente cuando los prestadores de dichas aeronaves mantienen contratos vigentes o relaciones comerciales con la administración estatal.
Especialistas en transparencia señalan que, aunque se presente documentación que acredite el pago desde cuentas personales, esta medida no disipa por completo las dudas sobre posibles conflictos de interés. La preocupación central radica en el principio de austeridad y en la ética pública que debe regir a los funcionarios de alto nivel, quienes están sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Desde el equipo de comunicación social del gobierno estatal, se ha sostenido que todos los gastos de movilidad de la titular del Ejecutivo se realizan conforme a la normativa vigente. Argumentan que los servicios contratados cumplen con los estándares legales y que cualquier señalamiento sobre favoritismos hacia proveedores carece de sustento documental en los archivos públicos del estado.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las autoridades de fiscalización que realicen una revisión exhaustiva de las bitácoras de vuelo y los contratos de servicios aéreos. El objetivo es determinar si existe alguna irregularidad en la asignación de obras o servicios a empresas que, simultáneamente, facilitan el transporte privado de servidores públicos en la entidad.
Este debate se inserta en un contexto nacional donde la transparencia en el uso de aeronaves es un tema recurrente en la agenda pública. La ciudadanía demanda mayor claridad en los procesos de contratación, buscando evitar que las relaciones privadas entre gobernantes y proveedores terminen por comprometer la integridad del erario público en Quintana Roo.
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